Por Ivone Alves García

Las sociedades se engañan con una facilidad asombrosa: como niños, muchos creen que los grandes cambios nacen de revoluciones sangrientas, de golpes de Estado o de crisis económicas que lo derrumban todo. La verdad es más simple y más lenta: los cambios que realmente moldean un pueblo ocurren en silencio, durante décadas, en las aulas, en las redacciones, en las universidades, en las pantallas y en los despachos donde se decide qué es conveniente decir y qué debe ser silenciado.

El poder real no se mide en bancas parlamentarias, sino en la capacidad de moldear el sentido común.

Argentina vivió uno de esos procesos en las últimas décadas. No fue solo un giro político. Fue una reingeniería cultural profunda que alteró la forma en que millones de personas entienden la familia, la educación, el sexo, la autoridad, la nación y hasta el significado de las palabras. Sus impulsores lo vendieron como progreso inevitable y moralmente superior. Sus críticos lo señalaron como lo que era: un proyecto deliberado de desmantelamiento de los valores y estructuras que habían sostenido la convivencia.

Ninguna transformación de esta magnitud surge por generación espontánea. Requiere dinero, instituciones, militantes pagados, ONGs, organismos internacionales, fundaciones extranjeras, universidades capturadas y medios alineados. Aquí entra en escena un actor clave: las grandes fundaciones y ONGs internacionales. Organizaciones como Open Society Foundations, Ford Foundation, Rockefeller y agencias de la ONU (UNFPA, entre otras) inyectaron cientos de millones de dólares durante décadas en Iberoamérica y en Argentina específicamente para promover agendas de género, derechos sexuales y reproductivos, diversidad queer y deconstrucción familiar.

No fue filantropía desinteresada. Nunca lo es cuando se trata de poder a gran escala. Estos actores operan con objetivos estratégicos claros: imponer marcos ideológicos uniformes a nivel global que debiliten las soberanías nacionales, erosionen las identidades culturales fuertes y faciliten el control supranacional. Históricamente, muchas de estas mismas fundaciones promovieron políticas de control poblacional en el Tercer Mundo para “estabilizar” recursos y mercados. Hoy disfrazan el mismo impulso bajo el lenguaje de “justicia de género” y “emancipación individual”. Una población que no se reproduce, que prioriza el individualismo hedonista y la autopercepción por encima de la continuidad biológica y cultural, es más manejable, más dependiente de flujos globales de capital, bienes y migración, y menos capaz de resistir agendas externas.

El impacto demográfico es devastador y predecible. Los países que más se adhirieron a esta agenda —incluida Argentina— registraron caídas brutales en sus tasas de fertilidad. En Argentina la tasa bajó a niveles catastróficos, rondando el 1.1-1.2 hijos por mujer en los últimos años, muy por debajo del nivel de reemplazo (2.1). Las familias estables se volvieron más escasas, la maternidad se postergó dramáticamente, la natalidad adolescente colapsó gracias a campañas masivas de anticoncepción y aborto legal, y una generación entera creció priorizando “realizarse” individualmente sobre la transmisión de la vida. Esto no es casualidad ni mero “progreso moderno”. Es el resultado lógico de una cultura que patologiza la masculinidad, celebra la esterilidad como liberación, y trata la familia tradicional como una reliquia opresiva.

El resultado es una bomba de tiempo demográfica: envejecimiento acelerado, fuerza laboral futura diezmada, sistemas de seguridad social insostenibles y una nación que, a mediano plazo, pierde densidad humana y capacidad de defensa territorial y cultural. Países que se vacían demográficamente terminan importando población, muchas veces incompatible con la cultura original, profundizando aún más la fragmentación.

Argentina no salió de este experimento más unida, más libre ni más próspera. Salió fragmentada, de rodillas y dependiente. Los resultados están a la vista: la natalidad se hundió, la destrucción de la familia estable se volvió la norma y la confianza social fue arrasada. El sistema educativo fue vaciado de conocimiento para ser convertido en una maquinaria de adoctrinamiento ideológico, mientras se ejecutaba el desmantelamiento sistemático de toda autoridad: la de los padres, la de los docentes y la de las instituciones.

El verdadero objetivo de este proceso fue la demolición deliberada de la cohesión social. Destruyeron la idea de una ciudadanía común para imponer un tribalismo fanático, donde la identidad de cada grupo se financia a través de la victimización y el odio al otro: hombres contra mujeres, blancos contra negros, nativos contra “colonialismo”, tradición contra “diversidad”, biología contra autopercepción. Liquidaron el “nosotros” para entronizar una guerra civil cultural: un permanente «nosotros contra ellos».

Una sociedad así es estructuralmente débil. Pierde la capacidad de generar consenso mínimo, de transmitir cultura de forma estable, de resistir presiones externas. Un pueblo atomizado, donde cada individuo busca validación en su identidad particular, es mucho más fácil de gobernar desde arriba. Depende del Estado, de los medios y de las corporaciones culturales para saber quién es y qué debe pensar.

En la educación esto se vio con una claridad tremenda. La escuela dejó de ser el lugar donde se transmitían conocimientos duros, disciplina intelectual y una narrativa cultural compartida. Se convirtió en un centro de intervención emocional y política. Se bajó la exigencia, se cuestionó la autoridad del docente, se patologizó la masculinidad, se sexualizó prematuramente a los niños bajo el disfraz de “educación afectiva” y se trató la herencia cultural como algo sospechoso. El resultado es previsible: chicos que saben menos, que toleran menos la frustración y que están más expuestos a la propaganda del momento.

Mientras tanto, la tan proclamada “diversidad” se reveló como un engaño. Nunca hubo tanta uniformidad ideológica en universidades, medios, cine, música y organismos públicos. La diversidad se tolera siempre y cuando coincida con la línea correcta. Disentir sigue siendo costoso.

Lo más revelador es que esta ocupación cultural sobrevive a las derrotas electorales. Las batallas políticas son coyunturales y se dirimen cada cuatro u ocho años; las batallas culturales son estructurales: se ganan a lo largo de décadas mediante la colonización institucional, el adoctrinamiento de cuadros y el secuestro del lenguaje. Por eso las mismas consignas destructivas reaparecen una y otra vez, aunque la sociedad las haya escupido en las urnas. Tienen infraestructura. Tienen recursos extranjeros. Tienen un fanatismo ciego.

El resultado de este sabotaje es una población anestesiada. Mientras provocan el colapso de la economía real, desintegran la excelencia educativa y hunden la demografía, dilapidan la energía pública en guerras simbólicas sobre pronombres, baños y «violencias» inventadas. Es una estrategia clásica de dominación: agotar a la comunidad en debates estériles para que sea incapaz de defender lo esencial.

Esa es la verdadera disputa de nuestro tiempo. No entre izquierda y derecha tradicionales, sino entre quienes creen que la comunidad humana es una herencia imperfecta que debe mejorarse sin destruirla, y quienes ven en esa herencia solo cadenas que hay que romper para liberar al individuo (y, de paso, controlarlo mejor).

Los resultados del segundo camino los tenemos delante. Ya es hora de mirarlos sin miedo.

Ivone Alves García
Productora general | AsiaTV

Productora general y gestora cultural especializada en cooperación internacional y comunicación geopolítica. Cofundadora y productora general de AsiaTV, plataforma dedicada al análisis geopolítico y la cooperación internacional. Ha coordinado encuentros académicos, culturales y diplomáticos con embajadas, universidades y organizaciones internacionales. Cofundadora de la Alianza para el Desarrollo Auténtico y la Cooperación Ruso-Iberoamericana (ADACRI).

Por Juan Manuel de Prada

Cuando se habla de la «función social de la propiedad» pensamos en un cierto reparto de los bienes que evite su concentración abusiva en unas pocas manos. Pero la función social de la propiedad implica, en general, que el derecho de propiedad se supedite al bien común, que es el fin último de toda política digna de tal nombre. En este sentido, debería enarbolarse este principio cuando los legítimos dueños de edificios o establecimientos emblemáticos disponen de ellos, para emplearlos en usos para los que no fueron inicialmente concebidos, o los venden a personas que envilecen y degradan su prosapia. Pondré dos ejemplos notorios.

El primero de ellos afecta al celebérrimo edificio de la Telefónica, en la Gran Vía de Madrid. Erigido entre 1926 y 1929, fue el primer rascacielos de España; y el más alto hasta casi treinta años después. Durante nuestra malhadada Guerra Civil, el edificio de la Telefónica fue objetivo predilecto de la artillería franquista (los madrileños, con gracejo castizo, lo llamaban el «gua», en alusión al hoyo del juego de las canicas), pues, si era destruido, incomunicaba la capital con el resto de la zona republicana. Además de centro neurálgico de comunicaciones, el edificio era un observatorio militar inmejorable que permitía vigilar los movimientos de las tropas sitiadoras. Y, en fin, en este edificio se instalaron en 1936 las oficinas de los corresponsales extranjeros, entre quienes se contaban escritores tan conspicuos como Ernest Hemingway o Antoine de Saint-Exupéry. Aunque recibió más de cien impactos de proyectiles, el edificio de la Telefónica nunca llegó a desplomarse, porque su sólida estructura de acero y hormigón armado lo impidió; y porque el arquitecto que lo diseñó, Ignacio de Cárdenas, lo visitaba después de cada bombardeo para señalar dónde debían hacerse de inmediato trabajos de apuntalamiento. Los sótanos del rascacielos fueron, además, el refugio antiaéreo más seguro de todo Madrid; y sus telefonistas jamás dejaron de operar las líneas mientras duró el asedio de la capital, sin que se computara ni una sola baja. Antes de todos estos hechos, en 1929, se hizo desde este edificio la primera llamada transoceánica (una conversación entre Alfonso XIII y el presidente de Estados Unidos); y, tras la guerra, fue reconstruido respetando los planos originarios de Cárdenas. No creo, honestamente, que un edificio de tanta relevancia histórica, ligado siempre a las telecomunicaciones, pueda ser vendido alegremente (¡por una empresa, además, que está participada por el propio Estado!) a un comprador que desea convertirlo en un sórdido centro comercial. En un país donde rigiese la noción de función social de la propiedad, no se habría permitido que Telefónica cambiase su sede central; pero mucho menos se permitiría que un edificio tan ligado a la historia de Madrid se pueda vender alegremente para fines tan alejados de aquellos para los que fue diseñado.

Con el mítico café Gijón, el segundo ejemplo al que deseo referirme, no se ha producido un cambio de uso o destino; pero ha cambiado de dueños, que han resuelto cambiar el tipo de público al que se dirigen. No soy tan ingenuo como para ignorar que el café Gijón ya no era aquel templo de las letras retratado por Francisco Umbral; tampoco se me escapa que, en las últimas décadas, se había convertido en estación predilecta de los guiris en busca de tipismos fenecidos. Sin embargo, el café seguía siendo cónclave de amenas tertulias; y la carta, aunque algo demasiado ‘encumbrada’, incluía los platos que una casa de comidas madrileña de cierto pedigrí debe incluir invariablemente, desde el jamón serrano a los callos. Pero los nuevos dueños han resuelto que el establecimiento debe aprovecharse de su renombre para captar guiris desnortados y sangrarlos concienzudamente, con una carta abominable donde se congregan, a precios astronómicos, las más diversas y desmoralizantes bazofias culinarias, desde los ‘rollitos de primavera’ (¡veinticinco euros de nada!) o los ‘nachos con guacamole’ (¡veintitrés!) al ‘curry vegano de tofu y verduras’ o el ‘poke woki hawaiano de salmón’ (¡treinta y cuatro euros cada uno!), más cuatro birrias de sushi y cuatro pizzas ignominiosas (quien lo probó lo sabe), de precios siempre delirantes. ¿Hay derecho a que un café histórico madrileño, refugio de nuestros más ilustres hombres de letras, ofrezca en su carta tales comistrajos? ¿Debemos aceptar que un lugar tan emblemático de Madrid se convierta en un antro para desvalijar guiris despistados? La función social de la propiedad debería imponerse sobre el capricho de dueños desaprensivos y vigilar las compraventas de edificios y establecimientos emblemáticos. Se expropia poco para lo que se provoca.

Por Juan Manuel de Prada

Las incontinencias verbales del Papa Francisco, durante los vuelos de ida y vuelta de sus viajes apostólicos, siempre deparaban suculentas carroñas al gremio foliculario. En uno de aquellos vuelos con más peligro que los de la saga ‘Aterriza como puedas’, inquirido por un periodista español sobre la posibilidad de realizar un viaje apostólico a España, Francisco respondió: «Primero tienen que ponerse de acuerdo entre ustedes». Y unas pocas semanas más tarde, aprovechando otro vuelo, soltó aquella enigmática y lacónica perla que encrespó a nuestro patriotismo más testicular: «Iré cuando haya paz». Enseguida nuestros constitucionalistas chorlitos afearon que ‘el peronista Bergoglio’ visitase sin empacho países sometidos al comunismo o infractores de los ‘derechos humanos’ y se negase a visitar la muy democrática España. Y no faltaron quienes acusaron al Papa argentino de sumarse al ‘relato’ del independentismo catalán, o al guerracivilismo de la izquierda, o incluso a la Leyenda Negra contra la nación que había evangelizado América. A nosotros, en cambio, aquella decisión de Francisco –aunque expresada con su habitual tono indelicado– nos pareció muy acertada, pues por aquellos días la política española era un cenagal de bajas pasiones; y un Papa no tiene por qué verse salpicado por el cieno de las querellas intestinas.

Lo que pensábamos entonces lo seguimos pensando con mayor motivo hoy, pues desde entonces el cenagal español no ha hecho sino volverse mucho más inmundo y pestífero. Resulta, en verdad, desconcertante que León XIV haya elegido el momento presente para visitar España, una de las coyunturas más sórdidas y tremebundas del aciago Régimen del 78, cuando todas sus purulencias y putrefacciones se desbordan, mostrando al mundo entero la descomposición de una cleptocracia en metástasis. ¿De veras no se podía haber organizado esta visita siquiera tras la celebración de unas elecciones? ¿Por qué se elige este momento nefasto, justo cuando la tormenta judicial que cerca a un Gobierno convertido en «junta de ladrones» (según la expresión agustiniana) estalla por doquier, alumbrando nuevos episodios cochambrosos cada día? Ver noticias sobre la visita papal envueltas entre las noticias sórdidas que protagoniza la chusma gobernante produce el mismo efecto que ver un lirio en un vertedero, un ruiseñor en un festín de buitres o una virgen en un burdel. ¿Quién se halla detrás de una decisión tan desafortunada?

Ni siquiera parece improbable que, mientras se desarrolla la visita papal, se produzcan nuevas actuaciones judiciales o policiales que comprometan todavía más al doctor Sánchez y sus mariachis (quienes, entretanto, hediondos e infestados de larvas, estarán arrimándose a León XIV, para que su aura les proteja). Ciertamente, si el heroico Hércules logró limpiar los establos de Augias sin ser sepultado entre sus inmundicias, León XIV podrá salir del brete sin que las podredumbres de la chusma gobernante salpiquen su alba sotana ni su predicamento entre los fieles. Pero se le está exponiendo a un riesgo por completo innecesario; pues la chusma gobernante no se va a conformar con ‘salir en la foto’ al lado de León XIV, sino que pretende darle el abrazo del oso, tratando de sacar tajada y rédito político de su visita, tratando de aprovechar en su beneficio cualquier pronunciamiento papal que pueda ser retorcido y tergiversado, para llevar el agua a su molino de vilezas y depravación moral. Un sujeto desaprensivo como el doctor Sánchez, que se ha negado reiteradamente a asistir a misas funerales en sufragio por las almas de las víctimas de siniestros y calamidades que han dejado consternado al pueblo español (¡que se ha negado, incluso, a sabiendas de que los familiares de dichas víctimas imploraban la celebración de un funeral católico!) y a cambio ha organizado vomitivos y horteras aquelarres masónicos ya ha confirmado su presencia en la misa que se celebrará en la Sagrada Familia; y además ha anunciado que viajará a las islas Canarias, con la evidente intención de utilizar los discursos papales para justificar sus tropelías.

A nosotros, desde luego, nos gustaría que León hiciese con el doctor Sánchez lo mismo que Ambrosio, padre de la Iglesia, hizo con el emperador Teodosio, impidiéndole entrar en la catedral de Milán y exigiéndole que se despojase de los atavíos imperiales y vistiese de arpillera durante ocho meses, en señal de penitencia, antes de pisar suelo sagrado. O siquiera lo que Juan Pablo II hizo con Daniel Ortega y su Gobierno sandinista, reprendiéndolos públicamente en Managua. Pero no nos chupamos el dedo; y sabemos que los modos de Ambrosio y Juan Pablo II hoy se considerarían poco diplomáticos. Pero entre lo que hicieron Ambrosio y Juan Pablo II y lo que acaba de hacer la oficina de prensa de la Santa Sede, procurando a los periodistas acreditados una hagiografía del doctor Sánchez, media un abismo insondable; y no creemos que la cortesía diplomática exija lametazos ni ensalivamientos de bálano. En este texto vitando de la oficina de prensa vaticana se presenta grotescamente al doctor Sánchez como un hombre que ha orientado su labor al «fortalecimiento del Estado de bienestar», cuando lo cierto es que durante sus mandatos no ha hecho sino descender la capacidad adquisitiva de los salarios y de degradarse lo servicios sociales. También se alaba pánfilamente que haya «regularizado medio millón de inmigrantes», sin entender que lo ha hecho para satisfacer a la plutocracia depredadora que exige maximización de beneficios y salarios birriosos. Y, más nefandamente, se aplaude que el doctor Sánchez haya «relanzado los derechos sociales en España», asumiendo el lenguaje a la vez eufemístico y sarcástico que emplean los discípulos de Mengele y los apóstoles de la antropología más disolvente y anticristiana. Pues los ‘derechos sociales’ que ha ‘lanzado’ el doctor Sánchez son la eutanasia y el transgenerismo; y el que ha ‘relanzado’ es el aborto, queriéndolo convertir en ‘derecho constitucional’ expresamente reconocido (como si no bastase el socarrón reconocimiento tácito que el bodrio constitucional le otorga).

Son todos signos horrendos. Pero sin duda León XIV, que es el vicario de quien supo escapar de un sepulcro, sabrá cómo escapar a este abrazo del oso donde, lamentablemente, actúan como entusiastas mamporreros quienes más obligación tienen de protegerlo.