Por Marcelo Ramírez

La discusión sobre Israel fue diseñada para trabarse antes de empezar. No porque falten datos, antecedentes o marcos jurídicos, sino porque el debate quedó encapsulado en una lógica binaria que impide pensar. De un lado, la adhesión automática, que exige lealtad moral previa y convierte cualquier observación crítica en una sospecha ética. Del otro, la condena visceral, que reemplaza el análisis por indignación y reduce una realidad compleja a frases hechas. En ese terreno no hay comprensión posible, solo alineamientos. El resultado es funcional: se habla mucho, se piensa poco y no se toca lo estructural.

El problema no es Israel como identidad, ni como pueblo, ni como religión. Tampoco es una cuestión teológica. El núcleo del asunto es político y estratégico. Es el modo en que el Estado de Israel se inserta en una arquitectura de poder que establece costos diferenciados para la crítica, límites implícitos al debate y márgenes de acción que otros actores no poseen. Esa arquitectura no opera por prohibiciones explícitas, sino por penalidades indirectas que desalientan cualquier intento de ir más allá del discurso permitido.

En términos institucionales, Estados Unidos es el pilar central de ese sistema de protección. El veto sistemático en el Consejo de Seguridad de la ONU no es una excepción coyuntural, sino una práctica estructural que garantiza que ninguna resolución con consecuencias reales prospere. Se puede condenar, se puede expresar preocupación, se puede negociar lenguaje diplomático, pero cuando la discusión alcanza el nivel de sanciones efectivas o de imposición de límites concretos, el cerrojo se activa. Israel queda, de hecho, fuera del régimen sancionatorio que sí se aplica con rapidez y severidad a otros Estados.

A eso se suma una integración militar-industrial profunda. La asistencia financiera, el suministro constante de armamento avanzado y la cooperación en inteligencia forman parte de una relación orgánica, no transaccional. Israel no es tratado como un aliado circunstancial, sino como una extensión operativa del dispositivo estratégico estadounidense en Medio Oriente. Esa integración explica la velocidad con la que se reponen sistemas defensivos, la continuidad del apoyo aun en contextos de alta tensión y la ausencia de condicionamientos reales ligados al uso de la fuerza.

Sin embargo, el factor decisivo no está solo en lo militar ni en lo diplomático. Está en la política interna de Estados Unidos. Criticar a Israel tiene un costo doméstico alto y transversal. Donantes de peso, lobbies consolidados, think tanks influyentes, redes de financiamiento académico y coaliciones electorales generan un clima en el que desviarse del consenso implica exponerse a campañas de presión, pérdida de apoyos y conflictos reputacionales difíciles de manejar. No hace falta una orden explícita: el sistema funciona por anticipación del castigo. La autocensura se vuelve una conducta racional.

Europa aporta otra capa al problema. En países como Alemania, el apoyo a la seguridad de Israel fue elevado a principio de Estado, una decisión comprensible desde su historia, pero con efectos políticos que se extienden al conjunto del continente. La consecuencia es una vara distinta para medir comportamientos, una cautela permanente que rara vez se traduce en acciones concretas. Las sanciones, cuando aparecen, son simbólicas, reversibles y cuidadosamente diseñadas para no afectar los núcleos duros del poder. El levantamiento de sanciones a colonos violentos en Cisjordania es un ejemplo de esa fragilidad política.

Y este dispositivo se cierra con una herramienta comunicacional letal: la confusión deliberada entre crítica al Estado de Israel y antisemitismo. Pero de lo que estamos hablando acá es de otra cosa: de cómo esa acusación funciona, en la práctica, como un mecanismo de clausura. Es la táctica perfecta. Te ponen la etiqueta y listo: el debate se termina antes de empezar. Ya no importa si estás hablando de derecho internacional, de proporcionalidad, de estrategia… pasaste a ser un sospechoso. Y el silencio no lo impone un censor, lo impone tu propio cálculo. Porque nadie quiere que le peguen ese cartel. Esa es la eficacia del sistema.

Este esquema, sin embargo, no es estático. En la sociedad estadounidense empiezan a aparecer fisuras visibles. Las encuestas muestran una fatiga bélica profunda y un rechazo creciente a nuevas aventuras militares en Medio Oriente. Dos tercios de la población se oponen a una guerra con Irán, y el respaldo automático a Israel ya no es homogéneo, especialmente entre los jóvenes. Aun así, la inercia institucional sigue empujando en la misma dirección, porque las estructuras de poder se mueven más lento que la opinión pública y tienden a preservar equilibrios que les resultan funcionales.

Israel, a diferencia de Washington, exhibe una continuidad estratégica clara. Su objetivo central es impedir que Irán se consolide como potencia regional con capacidad de disuasión. Esa lógica no depende de ciclos electorales ni de humores sociales. Es una política de largo plazo, sostenida por una percepción existencial de amenaza y por sectores internos que conciben la expansión territorial y el control del entorno como condiciones de supervivencia. La idea del “Gran Israel”, aunque rara vez discutida abiertamente en foros oficiales, forma parte de ese horizonte estratégico.

Cuando Israel actúa, coloca a Estados Unidos en una posición embarazosa. Acompañar implica asumir costos crecientes en un contexto de agotamiento interno; marcar distancia supone tensionar una alianza que fue presentada durante décadas como incondicional. En ese escenario, no es necesaria una guerra abierta para producir pérdidas estratégicas. Una dinámica de desgaste es suficiente: ataques indirectos, presión sobre rutas energéticas, suba de precios, desestabilización regional y crisis política interna. El Estrecho de Ormuz funciona como recordatorio permanente de esa vulnerabilidad sistémica.

Rusia y China observan este tablero con una lógica distinta. No buscan una confrontación directa ni una denuncia formal que exponga fuentes o capacidades. Su estrategia pasa por dejar que las contradicciones internas de Occidente operen por sí solas. El desgaste prolongado, la fragmentación política y la pérdida de legitimidad resultan más eficaces que cualquier escalada frontal. En ese sentido, las tensiones en Medio Oriente se inscriben en un proceso más amplio de reconfiguración del poder global.

La impunidad relativa de Israel no es absoluta ni eterna. Es el resultado de una red de costos, alianzas y tabúes culturales que todavía funciona, pero que empieza a mostrar grietas. No se trata de un dominio total, sino de un equilibrio político que desalienta la crítica efectiva. Mientras ese equilibrio se mantenga, la discusión seguirá oscilando entre el silencio y el exceso retórico, sin afectar lo estructural.

El riesgo no es solo regional. Arrastrar a una potencia como Estados Unidos a una guerra de consecuencias imprevisibles, en nombre de equilibrios que ya no responden al interés de sus propias sociedades, expone a todo el sistema internacional a un punto de ruptura. No por una cuestión moral, sino por simple acumulación de tensiones no resueltas. Cuando el costo de sostener un silencio supera al costo de romperlo, el sistema cambia. La historia muestra que ese momento nunca avisa.